Tras años de estabilidad cambiaria y crecimiento sostenido, el país vecino sufre la escasez de divisas y combustibles. La falta de reformas estructurales y la batalla anticipada entre Luis Arce y Evo Morales profundizan la incertidumbre de cara a las próximas elecciones.
Durante más de una década, el «modelo económico social comunitario productivo» de Bolivia fue catalogado por el oficialismo como un milagro financiero. Con una inflación bajísima y un tipo de cambio fijo que parecía inquebrantable, el país vecino esquivaba las crisis de la región. Sin embargo, el «dato mata relato»: la realidad macroeconómica ha comenzado a pasar factura, exponiendo las debilidades de un sistema que dependió excesivamente de los recursos no renovables sin generar una verdadera diversificación.
El nudo del problema radica en la crisis energética y la falta de divisas. Bolivia pasó de ser el gran exportador de gas de la región a un país que hoy lucha por abastecer su propio mercado interno de combustibles. La falta de inversión en exploración petrolera secó los pozos y, en consecuencia, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central cayeron a niveles críticos. La escasez de dólares en el mercado formal ha generado un mercado paralelo, encareciendo las importaciones y provocando protestas de sectores clave como los transportistas y los gremialistas.
Lo que estamos viendo en Bolivia es la confirmación de que el cortoplacismo económico siempre tiene un límite. Mantener un tipo de cambio fijo de manera artificial subsidiando los combustibles, sin previsibilidad ni incentivos para la inversión privada, termina por agotar las reservas de cualquier Banco Central. Como profesionales de las ciencias económicas, sabemos que la política no puede torcer las leyes de la macroeconomía por mucho tiempo; la falta de reformas estructurales hoy la paga la gente en la calle.
El tablero político: Una interna a todo o nada
A la delicada situación económica se le suma un componente político altamente volátil: la fractura total e irreversible dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Lo que comenzó como una tensión de liderazgos se ha transformado en una guerra abierta de facciones con jugadores clave que tensionan el aparato estatal y los movimientos sociales.
Por un lado, el ala «arcista» o gubernamental, encabezada por el presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, intenta sostener la gestión recostándose en la burocracia estatal, sectores urbanos y una parte de las organizaciones matrices (como un sector de los campesinos e indígenas) que prefieren la estabilidad institucional. El plan de Arce apuesta a la industrialización del litio y la sustitución de importaciones como salidas a mediano plazo, pero el tiempo de la macroeconomía corre más rápido que sus proyectos.
Por el otro lado juega el ala «evista» o línea dura, liderada por Evo Morales desde su bastión en el Trópico de Cochabamba. Morales cuenta con la lealtad de los poderosos sindicatos cocaleros y una militancia territorial que responde de manera orgánica a sus directivas. Para este sector, el gobierno de Arce ha «traicionado» las bases ideológicas del MAS y busca proscribir a su líder histórico. La estrategia evista es clara: demostrar fuerza en la calle mediante el bloqueo de rutas troncales para asfixiar el abastecimiento y forzar al Tribunal Supremo Electoral a habilitar la candidatura de Morales.
Esta parálisis tiene su epicentro en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los legisladores de ambas facciones juegan su propio partido. Al no haber una mayoría clara, la bancada evista se ha aliado tácticamente con sectores de la oposición tradicional para bloquear de forma sistemática la aprobación de créditos internacionales. Este boicot legislativo priva al Banco Central de los dólares necesarios para estabilizar la balanza de pagos, utilizando la asfixia económica como una herramienta de desgaste político contra el palacio de gobierno.
El panorama de cara a los próximos meses es complejo. Con elecciones generales en el horizonte, el desafío del gobierno actual es estabilizar la macroeconomía sin aplicar un «shock» que destruya su base de apoyo electoral, una tarea que parece casi imposible sin financiamiento externo. Bolivia se encuentra ante el espejo de su propio modelo: el desafío ya no es sostener un relato de éxito pasado, sino gestionar con urgencia una transición económica que evite una crisis social de mayores proporciones.
