El 18 de julio de 1994 la Asociación Mutual Israelita Argentina sufrió uno de los mayores atentados terroristas en la historia de América Latina. Un coche bomba explotó en la sede de esta importante asociación judía y dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Tras tres décadas, la herida no ha sido cerrada para las víctimas debido a la incapacidad de detener a los culpables, las numerosas irregularidades vividas durante las investigaciones en estos años y la polémica en torno al señalamiento de Irán en el caso.
30 años llevan con pocas muestras de justicia las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Un ataque que dejó 85 muertos y al menos 300 heridos, convirtiéndose en uno de los peores de la historia de América Latina. Este caso conmocionó a la sociedad argentina y hoy sigue generando gran polémica por las controversias vividas durante la investigación, acusaciones de corrupción y encubrimiento a múltiples funcionarios argentinos y la incapacidad de procesar a ninguno de los autores físicos e intelectuales del atentado.
El atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede la AMIA se produjo en pleno Gobierno del expresidente Carlos Menem y con el contexto previo de otro atentado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires que dejó 22 muertos. Ambos casos se produjeron con el mismo modus operandi, el coche bomba, y su objetivo fueron importantes lugares para la comunidad judía en Argentina, que es la sexta más grande del mundo.
Las imágenes de destrucción conmocionaron a la sociedad argentina y levantaron numerosas preguntas sobre quiénes eran los autores y por qué habían decidido atacar la sede de esta importante institución judía. Pero la polémica no tardó en llegar. Aunque los sospechosos iniciales fueron los miembros de la milicia libanesa chiita Hezbolá, durante el Gobierno Menem se intentó culpabilizar a supuestos colaboradores locales, imputando a varios policías de la provincia de Buenos Aires.
La actuación del Gobierno Menem fue muy polémica
Pero el llamado «primer juicio» estuvo cargado de controversiay, en 2004, tras una década en prisión, los acusados fueron absueltos y liberados. La polémica fue muy grande. El juez Juan José Galeano, encargado del caso AMIA, tres fiscales y varios altos funcionarios del Gobierno de Menem fueron acusados de encubrimiento y destituidos de sus cargos.
Algo que llevó al por entonces nuevo presidente Néstor Kirchner a crear una fiscalía especial para el caso AMIA liderada por el fiscal general Alberto Nisman, al que se le encargó esclarecer la verdad de la autoría de los hechos. Así habló el expresidente Kirchner sobre Nisman poco después de ponerlo al frente del caso:
El fiscal Alberto Nisman tiene todos los expedientes del servicio de inteligencia para proceder y hacer una investigación profunda, todos, y también tiene todas las atribuciones para que nuestro Gobierno lo ayude en lo que necesite para que encuentre, con la la voluntad de dios, justicia
Nisman acusó formalmente a Hezbolá como autor material de los hechos y señaló a Irán por su autoría intelectual. Se establecieron varias hipótesis que intentaron explicar por qué se planeó el ataque: una, la suspensión de transferencia de tecnología nuclear a Irán en los años 90; la otra, la participación argentina en la Guerra del Golfo de 1990.
Nisman emitió una orden de captura a Interpol contra ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, aunque Irán siempre negó la culpa, algo que hizo que las extradiciones de los señalados no se pudieran llevar a cabo.
El asesinato de Alberto Nisman, un nuevo episodio en el Caso AMIA
Por ello, en 2013, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorando de entendimiento con Irán para, supuestamente, destrabar el caso. Sin embargo, el fiscal Nisman acusó en enero de 2015 a la expresidenta, al excanciller Héctor Timerman y a otros funcionarios de «encubrir» la acusación iraní con este memorando. La polémica se multiplicó unos días después de la acusación, ya que Nisman fue asesinado de un disparo en la cabeza en su despacho.
El asesinato de Nisman causó un clima de gran crispación política en Argentina. La oposición, que era consciente de la posibilidad de tumbar al kirchnerismo en las elecciones de octubre de 2015, señaló durante meses a Cristina Fernández y a su Gobierno de ser cómplices en este asesinato, aunque nunca se pudo demostrar. El caso fue tratado por la justicia argentina como un asesinato común.
Poco después, paralelamente a esta polémica, en 2019 finalizó el segundo juicio contra funcionarios del Gobierno Menem por encubrimiento. El expresidente, en sus últimos años de vida, se sentó en el banquillo de acusados, aunque fue absuelto.
En 2020 se llevó a cabo el tercer juicio con la absolución de Carlos Telleldín, sospechoso de vender el vehículo que explosionó a los terroristas. En los últimos años varios informes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, han puesto en duda la implicación directa iraní y han apuntado a un acto exclusivo de Hezbolá algo que ha encallado aún más las investigaciones a pesar de los reclamos de justicia por parte de los familiares.
¿Por qué no hay condena ni un esclarecimiento del caso? Las dudas prosiguen hasta la actualidad. En abril de 2024, ya durante el Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Casación Penal consideró el atentado como un «delito de lesa humanidad» y volvió a acusar a Irán. Dos meses después, la Corte IDH culpabilizó al Estado argentino por su falta de prevención del atentado y las negligencias en la investigación y obligó a las instituciones, en el plazo de un año, a indemnizar a las víctimas. Una herida abierta de un caso que aún reclama justicia.
FUENTE:FRANCE 24
