Por Raúl Sánchez.

Desde la campaña electoral del año pasado se instaló el debate sobre la necesidad de reformular la Ley de Alquileres votada hace menos de 5 años y que otorgaba algunos beneficios a inquilinos.

La suba por encima de los niveles de inflación en el precio de los alquileres, es un tema que adquiere mucha dimensión sobre todo en las grandes ciudades. Sólo para tener una idea, en la Ciudad de Buenos Aires, el 38% de quienes la habitan alquilan, relegando las posibilidades de poseer una vivienda propia.

El debate tiene como punto de partida el acceso a la vivienda: sin políticas de crédito hipotecario barato en el ámbito de la Ciudad y tras la triste experiencia de los créditos Uvas, el acceso a la vivienda propia es imposible. Y debemos agregar dos cuestiones más a este análisis: la escasez de suelo sin uso en la Ciudad y la tendencia del jefe de Gobierno Horacio Larreta de promover la construcción de viviendas para sectores de alto poder adquisitivo que ya poseen una vivienda para vivir.

Cuando hablamos de población con problemáticas habitacionales, nos referimos a sectores medios que con ingresos altos no pueden acceder al crédito, sectores humildes que viven en viviendas precarias y barrios humildes, más de 400 mil personas.

En ciudades europeas esta problemática obligó a los gobiernos a tomar medidas: en Berlín el Estado compró 3 mil propiedades para ofertarlas para alquiler a un precio más barato que el mercado; en Ámsterdam no puede alquilarse una vivienda cuando es adquirida por lo menos hasta después de 4 años. España implementó un impuesto a la vivienda ociosa que se aprobó por ley y que cada municipio decide cobrarlo o no.

En la Ciudad de Buenos Aires la especulación inmobiliaria llevó a que se posean alrededor de 138.000 viviendas ociosas, de las cuales 112.000 se ofrecen a la venta disminuyendo la cantidad de viviendas ofertadas para alquilar aumentando el precio de los alquileres.

En todo este marco y frente a la inoperancia del gobierno porteño que solo deja que el mercado regule, surge la idea de implementar un impuesto a la vivienda ociosa para que mayor cantidad de estas se destinen al alquiler y de esa manera ante una mayor oferta, baje el precio.

El debate se da en el marco de la convocatoria que la Secretaría de Comercio Interior realizó a Cámaras inmobiliarias y organizaciones representativas de inquilinos e inquilinas. A este marco se debe sumar el Congreso Nacional que deberá modificar ó sancionar nuevas leyes.

Mientras tanto el Estado nacional continúa fortaleciendo el Plan Procrear en todo el país, incluso ha entregado viviendas en barrios de la Ciudad durante este año. Por otro lado, Nuestra Ciudad, con un presupuesto de $ 970 mil millones de pesos y con 15 años de gobierno del mismo color político no solamente no resuelve el problema, sino que lo profundiza, y tampoco se sienta en la mesa de la negociación para aportar alguna idea que favorezca a casi el 40% de las porteñas y los porteños que alquilan.

El debate recién comienza, y va a dar mucha tela para cortar, porque se trata de incidir en la renta inmobiliaria, una de las más altas en las grandes urbes.

Por Raúl Sánchez, Director de BICE Fideicomisos, docente de Economía de la U.B.A. y U.N. La M.

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